Renta: normativa para personas con discapacidad

• Las prestaciones económicas reconocidas por la Seguridad Social:

• Consecuencia, Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez.

• Las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y las pensiones y haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

• Las prestaciones que, en situaciones idénticas a las anteriores, le son reconocidas a las personas profesionales no integrados/as en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores/as por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado. La cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo.

• Las pensiones por incapacidad permanente del régimen de Clases Pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las mismas inhabilite por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio, y las pagadas igualmente por Clases Pasivas a favor de nietos y hermanos incapacitados para todo trabajo.

• Las pensiones reconocidas a personas lesionadas o mutiladas por la Guerra Civil (1936/1939) del régimen de Clases Pasivas del Estado o por legislación específica.

• Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, en modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los ordenamientos de las CCAA.

• Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM para 2019: 7.519,59 €. LÍMITE: 15.039,18 €).

• Las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único por trabajadores/as con discapacidad cuando los beneficiarios pretendan incorporarse de forma estable como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales o pretendan constituirse como trabajadores autónomos.

• Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones al sistema de previsión social especial constituido en favor de las mismas. También están exentos los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. El límite anual de esta exención es 3 veces el IPREM (2019: 7.519,59 € – LÍMITE: 7.519,59 € X 3 =22.558,77€). Desde el 1 de enero de 2015 el límite de exención dejó de ser conjunto y se aplica de forma individual y separada para cada uno de los dos rendimientos anteriores.

• Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y asistencia personalizada que deriven de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención en situación de dependencia.

• Las ayudas excepcionales por daños personales en los supuestos de incapacidad permanente absoluta causada por los siniestros a los que sea de aplicación el Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, el Real Decreto-Ley 11/2019, 2 de 20 de septiembre y otros.

Personas beneficiarias del patrimonio protegido
Tendrán esta consideración, exclusivamente, las personas con los siguientes grados de discapacidad:
• Psíquica igual o superior al 33%
• Física o sensorial igual o superior al 65%

Reducciones por aportaciones al patrimonio protegido
Personas con derecho a la reducción:
• Las que tengan una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, con la persona con discapacidad.
• Cónyuge de la persona con discapacidad.
• Las que lo tuvieran a su cargo en régimen de tutela o acogimiento

Cuantía de la reducción
Las aportaciones realizadas (dinerarias o no dinerarias), darán derecho a reducir la base imponible del aportante, con el máximo de 10.000 € anuales.

El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 € anuales. Cuando proceda reducir aportaciones debe hacerse de forma proporcional.

Cuando las aportaciones excedan de los límites previstos o en aquellos casos en que no proceda la reducción por insuficiencia de base imponible, se tendrá derecho a reducción en los cuatro periodos impositivos siguientes, hasta agotar en cada uno de ellos los importes máximos de reducción.

Tratamiento fiscal de las aportaciones recibidas para la persona contribuyente con discapacidad

• Cuando las aportantes sean personas físicas, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo hasta el importe de 10.000 € anuales por cada aportante y 24.250 € anuales en conjunto.
• Cuando las aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (IS), tendrán la consideración de rendimientos de trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el IS, con el límite de 10.000 € anuales. Este límite es independiente de los anteriores.

Cuando estas aportaciones se realicen a favor de parientes, cónyuges o personas a cargo de las personas empleadas del aportante, únicamente tendrán la consideración de rendimientos de trabajo para el titular del patrimonio protegido. Estos rendimientos están exentos, hasta un importe máximo anual de 3 veces el IPREM.

Rendimientos de trabajo en especie exentos: en la exención por primas o cuotas satisfechas por la empresa a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del trabajador, su cónyuge y descendientes se incrementa desde 1 de enero de 2016 el límite de exención a 1.500 € cuando éstas sean personas con discapacidad.

Los por la obtención de rendimientos netos del trabajo, con carácter gastos deducibles general (sea o no discapacitado el perceptor), son:

• Gastos deducibles por rendimientos del trabajo. 2.000 € anuales, con carácter general.
• Gastos deducibles por movilidad geográfica. Los gastos deducibles del punto primero se incrementarán en 2.000 euros para los contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que esté situado en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente.

Las personas trabajadoras activas con discapacidad, además de las reducciones anteriores que les correspondan, tendrán derecho a la reducción por discapacidad de las personas trabajadoras activas, según el detalle:

La reducción por discapacidad de personas trabajadoras activas se aplica cuando en cualquier momento del periodo impositivo concurren estas dos circunstancias simultáneamente:

• Tener el grado de discapacidad exigido.
• Ser persona trabajadora activa.

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes o con único cliente no vinculado, que en el ejercicio de la actividad económica puedan aplicar la reducción establecida (2.000 € y la adicional por rendimientos netos inferiores a 14.450 €) podrán adicionalmente si son personas con discapacidad, minorar el rendimiento de las mismas en 3.500 € anuales, con carácter general, o en 7.750 € si acreditan necesitar ayuda de terceras personas, movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

La Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrolla para 2018 el método de, contempla las siguientes reducciones para la estimación objetiva aplicación de los módulos:

– Módulo de personal no asalariado: Se computará el 75 % del módulo de personal no asalariado con un grado de discapacidad del 33 % o superior (situación existente al devengo del impuesto).

– Módulo de personal asalariado: Se computará en un 40 % al personal asalariado que sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Si se obtiene el grado de discapacidad durante el periodo impositivo, el cómputo del porcentaje se efectuará respecto de la parte del periodo en la que se den esas circunstancias.

– Índice corrector por nueva actividad: Cuando los contribuyentes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, los índices correctores aplicables serán del 0,60 si se trata del primer año del ejercicio de la actividad, o del 0,70 si se trata del segundo.

En estimación directa, se eleva a 1.500 € el gasto deducible por las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, cuando se trate de personas con discapacidad.

Las circunstancias personales y familiares del contribuyente se tienen en cuenta para calcular en el mínimo personal y familiar, el cual constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por el IRPF.

Este mínimo es el resultado de sumar el mínimo de la persona contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad.

El mínimo de la persona contribuyente se establece en 5.550 €, incrementándose en 1.150€ si tiene más de 65 años y, adicionalmente, en 1.400€ si tiene más de 75 años.

Para beneficiarse del mínimo por descendientes, éstos han de cumplir los siguientes requisitos:

• Convivir con la persona contribuyente que aplica el mínimo familiar.Se asimilará a la convivencia con el contribuyente la dependencia con respecto a este último.
• Ser menor de 25 años, o cualquiera que sea su edad si la persona descendiente tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
• No tener rentas anuales superiores a 8.000 €, excluidas las exentas.
• Que la persona descendiente no presente declaración de IRPF con rendimientos superiores a 1.800 euros.

Para aplicar el mínimo por ascendientes, éstos han de cumplir los requisitos siguientes:

• La persona ascendiente debe tener más de 65 años o un grado de discapacidad igual o superior al 33 % cualquiera que sea su edad.
• Que conviva con la persona contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo.
• Se considerará que conviven con la persona contribuyente personas ascendientes con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.
• Que no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €.
• Que la persona ascendiente no presente declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 €.