COCEMFE Alicante celebra la aprobación por parte del Consejo de Ministros/as del pasado 11 de mayo, el Anteproyecto de Ley para la reforma del art. 49 de la Constitución sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporando las demandas históricas realizadas por organizaciones como COCEMFE y su Movimiento Asociativo, como son el enfoque de derechos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo.

Aparte de ser una modificación terminológica, sustituyendo “disminuidos” por “persona con discapacidad”, modifica por completo el articulado para superar el enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“Para nosotros es importante que se hable ante todo de personas, y no reducir a la persona a una sola de sus circunstancias. Por fin se elimina el término disminuido que tan poco nos representa, y lo más importante es que se hable derechos, de autonomía y de inclusión social afirma Antonio Ruescas, presidente de COCEMFE Alicante.

Concretamente, el nuevo artículo reconoce que las personas con discapacidad son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo y obliga a los poderes públicos a garantizar su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección.

De igual modo, recoge la perspectiva de género estableciendo que los poderes públicos deben atender la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, por ser víctimas de discriminación interseccional, y estipula que todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

Ruescas calificó como “JORNADA HISTÓRICA para las personas con discapacidad, sus familias, y todo el movimiento asociativo que velamos por la protección de los derechos de los sectores de población más vulnerables”.

Por último, COCEMFE Alicante espera que esta reforma de la Constitución Española suponga un impulso a la interlocución con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad para que este nuevo enfoque constitucional cale en toda la normativa dirigida a promover la igualdad de oportunidades de este grupo social.