La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) condena el asesinato ayer de una mujer con discapacidad en Jerez de la Frontera (Cádiz), presuntamente a manos de su pareja y exige al Gobierno y a todas las administraciones que adopten medidas específicas para erradicar la violencia contra las mujeres con discapacidad.
La secretaria de Organización de COCEMFE, Marta Valencia, explica que “cerca del 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia en sus diferentes formas, una de cada cuatro mujeres de este grupo social que han sufrido violencia física o sexual han adquirido su discapacidad por las agresiones de sus parejas”.
“Llevamos un año especialmente duro en cuanto a la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Hemos visto como la pandemia ha recrudecido estas situaciones, como mujeres han adquirido una discapacidad por las agresiones de su maltratador y como el Gobierno aprobaba medidas contra la violencia machista sin tener en cuenta nuestras necesidades”, lamenta Encarnación Rodríguez, secretaria de Mujer e Igualdad de COCEMFE.
Por ello, COCEMFE reclama la puesta en marcha de medidas dirigidas a incrementar la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, a garantizar su acceso a la justicia y a recibir una asistencia especializada.
Además, la entidad reitera la necesidad de incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los planes contra la violencia machista del país, de que todas las autoridades sean conscientes de su gravedad y de impulsar la recogida de información estadística específica sobre este problema.
Las mujeres y niñas con discapacidad, están más expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores. Además, en todos los tipos de violencia la incidencia sobre las mujeres con discapacidad es superior a la ejercida sobre las mujeres sin discapacidad, ya sea psicológica, física, económica, sexual, estructural, obstétrica o cultural.
Entre las causas de la especial vulneración de las mujeres con discapacidad frente a la violencia se encuentran una menor capacidad para defenderse; mayor dificultad para expresarse; menor credibilidad en su relato; menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma; mayor dependencia de terceras personas; más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación; menor autoestima y menosprecio de su propia imagen; miedo a perder los vínculos que le proporcionan cuidados; y menor independencia y mayor control económicos.
