La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral y de la eliminación de prejuicios hacia ellas se ha convertido en una lucha del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente en funciones usó su discurso de investidura para pedir que la constitución cambie la forma de referirse a ellos. Eliminar el concepto “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”.

Una batalla que se ha extendido al cine. El viernes pasado la directora del instituto del cine (ICAA), Beatriz Navas, anunciaba la esperada convocatoria de ayudas a la producción de películas. El Ministerio de Cultura destina 35 millones de euros de fondo para todo el cine, de los que cada película podrá optar a un máximo de un millón por producción

Navas daba la buena nueva en el marco del anuncio de las películas españolas que competirán en el Festival de Cine de San Sebastián, y daba una pista de los cambios en el sistema de puntos para obtener las ayudas. “Hemos dado un punto más a películas dirigidas o guionizadas por mujeres, hemos reservado un mínimo de un 8% para la animación por ser proyectos con talento joven y de larga duración. Además, ahora es obligatorio para optar a las ayudas incorporar en los equipos a personal con discapacidad para hacer más accesible el sector”.

“Tener empleada en la empresa o incorporar al proyecto, al menos, a una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el organismo competente. Este requisito no será exigible cuando se trate de proyectos de carácter documental o experimental”. Este párrafo se añadía al artículo 11.6, que es el que hace referencia a las obligaciones para poder optar al dinero.

Fuentes: El Español.