Según datos facilitados recientemente por el Ministerio del Interior, el colectivo que forman las personas con discapacidad reportó a las autoridades un 69,2 % más de infracciones penales basadas en el desprecio y la discriminación que en 2020. Esta cifra, lleva a preguntarse qué hay detrás de ese inusual repunte estadístico y qué situaciones delictivas son las que se están registrando.
La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio no ha llevado a cabo todavía un estudio profundo sobre esta cifra que recoge su último informe y sus responsables han explicado a los medios de comunicación que los datos son, de momento, unas cifras brutas que habrá que analizar.
Mientras esto ocurre, RTVE.es ha tratado de aproximarse a la realidad que hay tras los datos de la mano de algunas confederaciones y entidades de apoyo a personas con discapacidad. Sus portavoces coinciden en que no hay un factor único en la raíz del problema, sino que son varias las circunstancias que confluyen en unas estadísticas que consideran “preocupantes”.
Lo primero que conviene tener en cuenta es que el porcentaje de aumento de denuncias, casi un 70 %, parte de unas cifras bajas, de forma que cualquier variación en los números, por pequeño que fuera, ya supondría un cambio significativo en la estadística. Concretamente, fueron 26 los casos de delitos de odio hacia personas con discapacidad los registrados en 2019 y 44 los contabilizados en 2020, mientras que en otros ámbitos las cifras son más altas y la variación es menor.
Esto no quiere decir que haya que restar importancia a los hechos. Sobre todo, porque, a diferencia de lo que ocurrió con otros grupos, el confinamiento y las restricciones por la pandemia no impidieron que hubiera más personas con discapacidad sufriendo delitos de odio, y esto es algo que obliga a plantearse en qué está fallando la sociedad en relación con el colectivo.
“Nosotros lo vemos con especial preocupación porque entendemos que justamente las personas más vulnerables de la sociedad son las que pueden llegar a ser más afectadas por los delitos de odio. (…) Nos parece muy importante transmitir el mensaje de lo importante que es protegerles con legislación, incluso de tipo penal antidiscriminatoria. Hay que atajar esta cuestión”, subraya Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Si bien precisa que hay una multiplicidad de factores en el fondo de las cifras, afirma que son numerosas las situaciones recientes en las que se identifican vejaciones e insultos hacia personas con discapacidad y, en algunos casos, también detectan agresiones de tipo físico.
Según las estadísticas de Interior, la mayoría de delitos de odio se producen en la calle (511 casos de los 1.401 registrados en total, en 2020), pero también es frecuente que el desprecio se infiltre en internet y en las redes sociales.
Precisamente, una de las dudas planteadas a las entidades para este análisis es si ha podido influir en el aumento de denuncias una mayor concienciación y sensibilización por parte de las víctimas a la hora de dar cuenta a las autoridades de lo ocurrido o si, sencillamente, está proliferando el odio.
Desde COCEMFE, explican que en los últimos dos años se ha trabajado mucho tanto por parte de las entidades como por parte del Ministerio del Interior para establecer protocolos y mecanismos que destaparan los delitos de odio que sufre este colectivo.
“Ha habido mucho delito de odio en el armario y mucha agresión e intimidación también. Un cambio básico que se ha producido en los últimos años es la formación a los cuerpos de seguridad para que sean capaces de detectar estos casos y también la orientación a las víctimas para que sepan detectarlo”, explica Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de COCEMFE.
Tal y como mencionan desde esta confederación, Interior ha elaborado recientemente dos guías prácticas para mejorar la persecución de los delitos de odio contra este colectivo mediante manuales que, entre otras cosas, recomiendan a policías y guardias civiles evitar el lenguaje técnico o complicado ante casos que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
También se ha apostado por adaptar el entorno policial en el que se sustancia la denuncia y eliminar elementos estresantes para la víctima, así como usar documentos de lectura fácil cuando se les proporcione cualquier información para facilitar la presentación de la denuncia.
Por otro lado, las asociaciones de apoyo a personas con discapacidad también continúan luchando para erradicar algunas inercias negativas que llevan décadas arraigadas en la sociedad, como la participación de personas con enanismo en fiestas sociales o eventos taurinos. Si bien la pandemia ha frenado este tipo de espectáculos, desde CERMI señalan que siguen trabajando para terminar con esa forma de “discriminación” de forma definitiva.
Del mismo modo, las entidades insisten en la necesidad de cuidar el lenguaje cotidiano para mejorar la inclusión del colectivo y reducir así las posibilidades de que se produzcan nuevos delitos de odio.
“Es fundamental subrayar una y otra vez que en la designación del movimiento social de personas con discapcidad no hay que hablar ni de minusválidos ni de disminuidos, como lamentablemente aún está escrito en la Constitución Española, en el Articulo 49. Ni siquiera debemos hablar solo de discapacitados, porque primero es persona y luego tiene una discapacidad, pero decir discapacitado es confundir una situación de la persona con la identidad de la misma (…) Las palabras tienen poder, con las palabras construimos los significados sociales“, defiende Saravia.
